POLITICA SOCIAL POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA DE FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL: UBUNTU 2.0

JUSTIFICACIÓN DE UBUNTU 2.0

Se puede decir que Ubuntu es una política que nace de la incertidumbre, la incertidumbre que aparece después de revisar y analizar documentos como el Plan Nacional de Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 contempla una serie de actuaciones como:
* Actuación 146. Facilitar el acceso a las ayudas de vivienda a las personas y familias más vulnerables estableciendo la posibilidad de la declaración responsable sobre sus ingresos en lugar de la genérica de la declaración de IRPF, cuando ello no sea posible.

* Actuación 147. Apoyar a aquellas familias más vulnerables (pensionistas que cobran la cuantía mínima, familias numerosas u hogares con todos los miembros en desempleo) en el pago de la factura de la electricidad mediante el mantenimiento del bono social.

* Actuación 159. Garantizar el derecho de realojo en el mismo ámbito de la actuación o en uno próximo, a aquellas personas que hayan sido desalojadas de sus vivienda habitual, tal y como determina la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

* Actuación 153. Facilitar el acceso a la vivienda de alquiler mediante la consolidación del complemento de la pensión de jubilación o invalidez no contributiva reconocido a aquellas personas que residen habitualmente en una vivienda alquilada, según los requisitos establecidos por la regulación aplicable.

Este tipo de actuaciones aportan una gran ayuda a las personas afectadas por la problemática para acceder a una vivienda, para pagar facturas e incluso para la reinserción del empleo. Cierto es que una persona que ha sido desahuciada, ha perdido su casa, y con estas medidas se le ayuda a volver a tener un hogar, pero se olvida de que una persona que es desahuciada también pierde el sentimiento de seguridad y protección, puede sufrir depresión e incluso, la mayoría de las ocasiones, la persona desahuciada ha perdido totalmente su autoestima e incluso carece de red de apoyo.

Por ello nos preguntamos: ¿No existe ninguna actuación que ayude a una persona desahuciada a recuperar su confianza y formar una red de apoyo?

(Click en la imagen para ver)

También se hizo un análisis a La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que es la encargada de luchar contra la pobreza en países subdesarrollado. En ella se pueden encontrar varios sectores de cooperación realmente necesarios para la vida, entre ellos esta: agua y saneamiento, educación o seguridad alimentaria, pero por ningún lado se pueden ver sectores que ayuden a tener una vivienda digna. Y volvió a nacer la incertidumbre ¿Se presupone entonces que ya todo el mundo tiene una vivienda en todas estas políticas que existen?

No se puede ser invisible a los avances normativos en esta materia, como respuesta a la dramática situación en la que se encuentran las familias en riesgo de perder su vivienda habitual. La Ley 1/2013 en la que se dicta unas mejoras de la situación de desahucio:

* La suspensión inmediata por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión. Esta medida tiene un carácter excepcional y temporal.

* Se da la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar se podrá absolver parte del pago de la deuda, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago.

* Se impulsara un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Después de leer esta ley nos volvemos a preguntar: ¿Qué pasa con las redes sociales de apoyo para las familias que se encuentran en emergencia social y además desahuciada?

Estas preguntas que nos hacemos y que no se suelen considerar importantes a la hora de elaborar una política social, nos llevan a la realización de una intervención que es nuestra propuesta UBUNTU 2.0.

CONTEXTUALIZACIÓN

A partir de los datos recogidos en la tabla 1, se describe la situación de las ejecuciones hipotecarias en 2015, enfatizando la situación de Andalucía.

TABLA 1

Tabla1 Certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas. Año 2015.

Fuente 1 Instituto Nacional de Estadística. Consultado 21/05/2016

En esta tabla 1 se puede apreciar como la comunidad autónoma más afectada por las ejecuciones hipotecarias en el año 2015 es Andalucía, con 16.094 viviendas ejecutadas, añadido al total de 28126 viviendas. Siguiendo a Andalucía se encuentra la Comunitat Valenciana con 10.751 viviendas desahuciadas y Cataluña con 11.165.

Gráfico 1 Ejecuciones hipotecarias en Andalucía por provincias. Año 2014-2015 (Click en imagen para ver)

                                                             Fuente 2 Instituto Nacional de Estadística. Consultado 21/05/2016

Esta gráfica 1 recoge las ejecuciones hipotecarias efectuadas en todas las provincias de Andalucía durante los años 2014 y 2015. Se observa que la provincia más afectada es Almería en el año 2014. Sin embargo, tuvo un gran descenso de ejecuciones hipotecarias en el 2015, al contrario que provincias como Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla que en el año 2015 aumentaron sus ejecuciones hipotecarias. La provincia más afectada en el año 2015 es Málaga seguida de Sevilla y Almería.

Como último se ha incluido una tabla sobre la evolución de los desahucios en la provincia de Cádiz comprendidos entre los años 2007 hasta el 2014.

GRÁFICO 3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial 

Se aprecia una gran subida de ejecuciones desde el año 2007 al 2009, aunque se produce una pequeña caída hasta 2011. Desde entonces empieza de nuevo a aumentar hasta alcanzar  en el año  2014 las 2324 ejecuciones hipotecarias.

Ahora bien,  nos centramos en Cádiz  para llevar a cabo nuestra política porque según el estudio de García Palomar (2014) sobre la intervención pública en materia de vivienda en la ciudad de Cádiz, el número de desahucios aumenta diariamente. Según Palomar, más de 4.800 gaditanos se encuentran inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas. Cada vez son más las familias que pierden sus viviendas y tienden a reagruparse con sus familias de origen como única alternativa a su problema.

Según El Diario de Cádiz, las cifras de desahucios son espeluznantes: una media de un centenar de desahucios al año, esto se traduce en un desahucio cada tres días. Estos datos han sido peores en los años más fuertes de la crisis en la ciudad. Por ejemplo, en palabras del juez decano Pablo Sánchez, los juzgados gaditanos movieron en la ciudad 279 procedimientos en el año 2012 y 282 el año 2014.

Así mismo, si hacemos una estimación de las necesidades de Vivienda, Albergue y Alojamiento en Cádiz en base a los datos obtenidos de los dos últimos Planes Generales y del censo de Vivienda del INE (2011) y de las actuaciones de los colectivos sociales, las cifras son las siguientes: hay un total de 3.984 demandantes de Vivienda; 675 infraviviendas; al menos 400 familias directamente afectadas; y 126 personas sin techo y sin hogar. Por otra parte se estiman los recursos que pueden ayudar a resolver el problema habitacional en Cádiz: 6.866 viviendas vacías; 128 fincas vacías en el Casco Histórico; 858 viviendas tanto públicas como privadas. Así, podemos observar como el parque inmobiliario de Cádiz es suficiente para alojar a todos los demandantes de vivienda y personas sin hogar desde el punto de vista cuantitativo.

Una vez más se puede apreciar gracias a esta tabla la gran necesidad de intervención que tiene Cádiz, ya que no solo su porcentaje de desahucios es de los más altos, sino que tiene la tasa de paro más alta de Andalucía con un 37’ 18%.

Gráfico 2 Evolución de la tasa de desempleo comparada Andalucía y Cádiz. 2007T2-2015T3

Fuente 2 Instituto Nacional de Estadística. Consultado 21/05/2016

La evolución de la tasa de desempleo  en Cádiz en los años comprendidos desde  el segundo trimestre de 2007 hasta el tercer trimestre 2015. Si existe una mejor representación del paro producido por la crisis de 2008 sin duda es esta, pues se puede ver como desde el año de inicio no hace mas que subir el porcentaje de paro hasta llegar al 2013 en el que el porcentaje es de 34’86% , el más alto. Desde ese año se aprecian insignificantes bajadas que no superan el 1% de un año a otro, hasta llegar a abril de 2016 que se presenta con un 33’19%.

Con todos estos datos se puede confirmar el riesgo potencial en el que se encuentra la población gaditana como desempleados de larga duración teniendo consecuencias además de la pérdida de poder adquisitivo, la  pérdida de su vivienda habitual.

¿QUÉ PRETENDE UBUNTU 2.0?

Esta política pretende dar respuesta a las necesidades tanto primarias como de autorrealización de las personas que sufren esta problemática social, que lleva sucediendo durante años, pero emerge duramente de nuevo en los tiempos de crisis que corren en la actualidad.

Para ello, se cuenta con una red de viviendas formada por una bolsa de alojamientos dentro del catálogo de viviendas sociales de la Junta de Andalucía, cuya localización se encuentra en Consejería de Vivienda dentro de la Agencia del fomento del alquiler, en colaboración con servicios sociales, servicios de salud y empleo. También se trabajará con los domicilios habituales de familias que han optado por la dotación en pago de los familiares particularmente de la provincia de Cádiz como experiencia piloto.

Se tratará de proporcionar un alojamiento temporal a las familias y personas físicas que hayan sido objeto de desahucio. Avalando y priorizando el derecho a una vida digna y a la inclusión de familias en situación de vulnerabilidad social. De manera paralela, para dar respuesta a la situación de malestar psicosocial que genera esta dramática situación, se incorporarán a los grupos socioeducativos para fomentar y promover hábitos saludables, valores y la cooperación. Se llevará a cabo una coordinación institucional con el Servicio Andaluz de Empleo a través de una derivación parcial para la realización de un itinerario profesional y así puedan cumplir sus objetivos mejorando sus recursos y su situación.

Se trabajará con la filosofía de la importancia del apoyo grupal, para ello se llevará a cabo la creación y fomento de redes sociales con ayuda de grupos socioeducativos.

También se dispondrá de una red de viviendas solidarias y se fomentará el mantenimiento de las familias en sus viviendas habituales.

SOLICITUD Y COMPROMISOS UBUNTU 2.0

¿QUIEN PUEDE SOLICITAR UBUNTU?

Todas aquellas personas físicas y/o familias en situación de emergencia social. Teniendo en cuenta a todas aquellas familias que hayan optado por la dación en pago.

Para acceder a Ubuntu es indispensable la obtención de la renta mínima de inserción, cumplir con los compromisos del programa y la participación activa en el proceso de cambio, búsqueda activa de empleo.

¿QUÉ COMPROMISOS DEBEN ASUMIR LAS FAMILIA QUE ACCEDEN A DE UBUNTU 2.0?

Compromisos: La política social Ubuntu 2.0, pretende además de servir como instrumento de ayuda para estas familias en este periodo de transición, también un cambio social y de valores, una nueva visión de este fenómeno y de las personas que les afecta. Una mayor sensibilidad con el colectivo y la problemática, puesto que es un problema que puede afectarnos a todos en algún momento u otro de nuestras vidas de forma directa o indirecta. Actitudes como la cooperación, la solidaridad y la participación son ejes fundamentales de nuestra política. Para lograrlo, Ubuntu 2.0 tiene una serie de compromisos de acceso y permanencia en el programa.

- Las personas beneficiarias, aceptan el compromiso y la participación activa de en el programa, cooperar con sus vecinos, profesionales, y demás beneficiarios de este, etc....

- Aceptar y colaborar con el seguimiento de los profesionales que los acompañaran durante su transcurso en Ubuntu 2.0.

- Implicación activa y compromiso en la búsqueda de empleo, mecanismos y medios para la obtención de una vivienda tras su experiencia.

-Promover la concienciación y sensibilización de su situación en la medida de lo posible compartiendo sus experiencias en los grupos socioeducativos.

Respetar, cuidar y mantener en condiciones optimas las viviendas de Ubuntu 2.0

La no participación o el incumplimiento de los compromisos podrían llevar a la anulación y expulsión del programa Ubuntu 2.0.

MEDIDAS Y ACTUACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN UBUNTU 2.0

·Red de viviendas: El programa social por la vivienda digna y la inclusión alternativa al desahucio Ubuntu 2.0, consiste en una red de pisos dentro del catalogo de viviendas sociales de la junta de Andalucía, y de viviendas de familias que se hayan visto obligadas a ofrecer su domicilio habitual en pago, pero que aún viven en ellas, con la filosofía de pisos tutelados repartidos por la provincia de Cádiz, y varios de sus municipios para las familias más vulnerables. NO todos los pisos del catalogo de viviendas de la junta de Andalucía son así, sino para casos de una vulnerabilidad mayor se les propone UBUNTU 2.0

Estos pisos están ubicados con el objeto de una mayor red de apoyo inicial y cercanía de los beneficiarios del programa en su nueva vida. Así como la facilitación de reunión y seguimiento de la red. Los beneficiarios de la política deberán trabajar en las mismas para mejorarlas hacerlas más habitables y acogedoras. También deberán acordar/negociar aspectos cotidianos de la vida diaria. Es trabajo del profesional, la elección, seguimiento y ubicación de las familias en las ofertas de pisos disponibles, así como determinar el precio del alquiler de la vivienda en función de las características familiares, determinar en el caso de que la superficie de la vivienda lo permita que tipología de familia pueden tener más afinidad a través de:

-Test de compatibilidad

-Tipología familiar

-Breve historia familiar

-Contexto socioeconómico familiar

-Características del funcionamiento de padres y cuidadores

-Características del funcionamiento individual de los niños

-Las redes sociales de la familia

También es función del trabajador social conseguir un clima acogedor, familiar y de cooperación. La intervención individual y familiar. Así como tener en cuenta las  estructuras familiares para la selección de las familias que podrían convivir. El análisis del territorio, de las familias y viviendas. Así como la evitación de la dependencia a la política, dado que procuramos que las personas sean activas de su propio bienestar.

·Introducción en la Bolsa de trabajo y la elaboración de itinerarios profesionales: que se derivaran al SAE. Las personas beneficiarias de la política deberán estar inscritos en el paro, buscar activamente empleo, asistir periódicamente al servicio andaluz de empleo para estar actualizados, inscribirse en cursos de formación, etc. Los trabajadores sociales serán los encargados de hacer el seguimiento de las familias y velar por que participen activamente en la búsqueda de empleo y la mejora de su situación, dado que la no participación injustificada derivaría en la expulsión del programa.

·Grupos de apoyo socioeducativos: Las personas beneficiarias de la política formaran una red de grupos socioeducativos. para proporcionar apoyo en la incorporación y transición del programa, para poner en común los posibles errores, sentimientos negativos, problemas durante su desarrollo para las familias beneficiarias. Grupos socioeducativos para fomentar la promoción de hábitos saludables, de valores y de cooperación. Por otro lado, las familias beneficiarias aceptan el compromiso de participar en grupos socioeducativos posteriores.

Sera cometido del trabajador social, la coordinación de los grupos junto con el seguimiento del cumplimiento de participación en todos los grupos de la red; Ayudar a resolver los conflictos derivados de la diversidad de conflictos atendidos que pueden surgir durante el transcurso de los grupos; Promover principios como el no enjuiciamiento, la autodeterminación y la confidencialidad; Velar por el bienestar de las personas participantes de Ubuntu 2.0; Facilitar la potenciación de las personas y familias; promover la justicia y la equidad; comportarse de una forma digna para promover la confianza, es decir, se centrarán en los intereses y necesidades de las personas y familias que participen en en ubuntu 2.0. Aprovechando la interacción que se establece entre ellos/as, provocará cambios para lograr objetivos socioeducativos enfocados hacia el crecimiento personal, la independencia y el empoderamiento.

AGENTES IMPLICADOS

* Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad.

- Secretaria de Estado de servicios sociales e igualdad.

-Dirección general de servicios para la familia y la infancia.

* Ministerio de empleo y seguridad social.

- Secretaria de Estado de Empleo-

* Entidades locales.

* Tercer sector de acción social.

* Ministerio de fomento:

- Secretaria de Estado de Infraestructuras, transporte y vivienda.

*dirección general de arquitectura vivienda y suelo.

* Ministerio de economía y competitividad.

-Secretaria general del tesoro y política financiera.

* Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas

-Secretaria de estado de presupuestos y gastos.

*Dirección general de Fondos comunitarios.

*Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.

Ada Colau

Ada Colau, es una activista nacida el 3 de marzo de 1974 en Barcelona. Cuando ingresó en la universidad, mientras cursaba la Diplomatura de Filosofía, comenzó su interés e involucración dentro del ámbito político y social. Además, hasta el año 2014 fue portavoz de PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca)

No fue hasta el año 2000, que ante tantos cambios sociales y económicos, que produjeron una vulneración de los derechos, cuando muchas personas comenzaron a congregarse contra el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la guerra de Irak.

Ada Colau en las manifestaciones del 15-M

En el año 2007 entra a formar parte del Observatorio DESC, una plataforma formada por entidades dedicadas a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Fue responsable de su Área de Vivienda y organizó numerosos encuentros entre los que destacan el  Seminario internacional sobre las mujeres y el derecho a la vivienda: construyendo hábitat desde la dignidad (2007), Seminario internacional sobre el derecho a la ciudad (2009), y Jornada sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad en el marco de la crisis (2010).

A pesar de todas estas participaciones y las no nombradas el nombre de Ada Colau se ha dado a conocer gracias a que fue la persona que impulsó la Plataforma Afectado por la Hipoteca en el año 2009 y ser la portavoz oficial en el Congreso de Diputados en el año 2014. Esta plataforma se inició junto con el estallido de la gran burbuja inmobiliaria y fue la responsable de concienciar a la población sobre la problemática de los desahuciados a la vez que ofrecía ayuda a las personas victimas de estos sucesos.

Tras abandonar el puesto de portadora de PAH inició el “Guanyem Barcelona”, una plataforma ciudadana creada con el objetivo de construir una candidatura de cara a las elecciones municipales de 2015 en Barcelona.

En mayo de 2015, la candidatura de Ada Colau acabó ganando las elecciones municipales, al ser la fuerza política más votada.

5. Políticas sociales emergentes

Nuevos derechos que han surgido y que ayudan un poco a suavizar la problemática de los desahucios es la renta básica, que asegura a toda persona el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. Según la Declaración Universal de los Derechos Emergentes se reconoce un ingreso periódico a cargo de los presupuestos del Estado a todos aquellos residentes de la sociedad nacional.

Otro tipos de derechos que existen son: derechos nuevo (mencionados anteriormente), derechos ya contemplados, los cuales aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero han sufrido transformaciones, como el derecho a la vivienda o el derecho a la seguridad vital, y por último, los derechos extendidos, son aquellos que ciertos sectores de la población no han disfrutado (ej. derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo).

Por otro lado, hablando de valores y principios en la Declaración Universal de los Derechos Emergentes aparecen principios muy importantes y que están relacionados con la problemática, abordada en nuestro proyecto como por ejemplo el principio de coherencia que promueve la invisibilidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos, el principio de inclusión social y el más importante el principio de horizontalidad, que evita que exista jerarquía en los derechos humanos.

4. Las políticas sociales internacionales

ÁMBITO INTERNACIONAL

América Latina – Argentina

El aumento sistemático de desalojos forzados producidos en las zonas mas pobres de América Latina es una constante preocupación de muchos movimientos sociales y

organizaciones.

Estos desalojos se dan en diferentes ámbitos; urbano, rural, en los territorios de

comunidades étnicas, en zonas de conflictos armados, en las ciudades prósperas, en las áreas ambientalmente mas degradadas… La mayoría de veces ni los propios afectados son consultados, ya que la mayor parte de éstos no poseen medios adecuados para su defensa judicial. Los desalojos son precedidos por hostigamiento y amenazas, luego acompañados por violencia, represión y han causado varias muertes.

Argentina vive una grave crisis en materia de vivienda. En el último censo poblacional se plasmó el déficit habitacional que alcanza a 2.640.871 hogares pero el 51.65% de ellos pertenece al sector de población de menores ingresos. El problema de los desalojos debe entenderse en el contexto del problema de la falta de seguridad de tenencia de un importante sector de la población. Un reciente informe del Gobierno Nacional revela que en Argentina hay 15 millones de hectáreas en disputa, a causa de problemas de regularización dominial. Esto equivale al 5,3 % del territorio nacional. Ese mismo informe indica que “en Argentina hay seis millones de personas con graves problemas dominiales”, vale decir, sin título de propiedad ni grado suficiente de seguridad de tenencia de sus viviendas o tierras.

Constitución Nacional

Un conjunto de normas de jerarquía constitucional reconoce la protección directa contra los desalojos forzosos. . El Art. 14 bis de la Constitución Nacional protege el derecho a la vivienda, del siguiente modo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.

En especial, la Ley establecerá:… el acceso a una vivienda digna”. A su vez, desde la reforma constitucional producida en el año 1994, el Art. 75 inc. 22 otorga jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que también protegen el derecho a la vivienda; entre ellos:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25)

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Art. 11)

- La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Racial (Art. 5)

- La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (Art. 14)

- La Convención de los Derechos del Niño (Art. 27)

- Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (Art. XI)

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 26, que remite a las normas sociales de la Carta de la OEA). Además el derecho a la protección contra estos desalojos forzosos es reconocido a través de una seria de normas constitucionales que establecen derechos civiles;

- El derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en la vida, la familia, el domicilio y la correspondencia (Constitución Nacional, arts. 17, 18, 19 y 75 inc. 22; Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 12

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Art. 17

- La Convención de los Derechos del Niño, Art. 16 párrafo 1

- Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Arts. 5, 9 y 10

- Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 11).

En este sentido, la Observación General nº 7 sobre Desalojos Forzosos, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), en cuanto interpreta el alcance del derecho a una vivienda adecuada reconocido en el art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), es un criterio claro al cual debería adecuarse la legislación interna del país.

Europa

Las Naciones Unidas ha cooperado mediante la ratificación de distintos Tratados internacionales que afectan tanto a temas de vivienda y asentamientos humanos, como a temas del medio ambiente. La acción protectora de la organización se ha plasmado en diferentes reuniones y resoluciones como:

- Declaración de Vancouver de 11 de junio de 1976.

- Agenda Habitat de 14 de junio de 1996.

- Declaración de Estambul: Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 51/177 de 16 de diciembre de 1996 y 53/242 de 28 de julio de 1998.

- Declaración del Milenio de 8 de septiembre de 2000.

- Foro Urbano Mundial. Proviene de la Resolución 18/5 de la Comisión de Asentamientos Humanos, en la que se solicitó que se promoviera la fusión del Foro del Medio Ambiente con el Foro Internacional de la Pobreza , para mejor coordinar el apoyo internacional en la aplicación de la Agenda Habitat. La Resolución 56/206 de la Asamblea General de la ONU, de 21 de diciembre de 2001, estableció el carácter técnico y no legislativo de este Foro que se reúne en años alternos.

o El Primer Foro tuvo lugar en Nairobi, Kenia en el 2002

o El Segundo Foro se reunió en Barcelona en el 2004, dentro del foro de las Culturas, y fue copresidido por la Ministra de Vivienda de España

o El Tercer Foro está convocado para el año 2006, en Vancouver, Canadá.

- Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio climático, Protocolo de Kyoto, de 11 de diciembre de 1997, que limita las emisiones de CO2 a la atmósfera.

- Cumbre de la Tierra: La Conferencia de las Naciones Unidas para el sobre el Ambiente y el Desarrollo, conocida más comúnmente como "Cumbre de la Tierra", fue llevada a cabo entre el 3 y el 14 de junio de 1992. En esta los países participantes acordaron adoptar un enfoque de desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social.

3. Políticas sociales en España

Se ha considerado que, teniendo en cuenta que las políticas sociales que se tratan en este trabajo, son en materia de vivienda, es necesario tener presente otras materias en política social, que, aunque no se acercan tanto con el tema tratado, también dan respuesta a la situación objeto de estudio, los desahucios.

Así, se ha tenido en cuenta, las políticas en materia de empleo, ya que muchas de las personas o familias que son desahuciadas, no tienen un trabajo estable. Por eso, es necesario tocar las políticas de empleo existentes, para intentar mejorar la situación económica y laboral de dichas personas o familias.

En primer lugar, mencionar las Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, donde se encuentra el Plan Anual de Empleo (PAPE), que contiene servicios y programas en materia de empleo, que se proponen llevar a cabo las diferentes Comunidades Autónomas. Los objetivos del PAPE 2015 son los siguientes:

◦  Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y  desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en España.

◦  Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, en particular la de los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración y beneficiarios del PREPARA.

◦  Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo que se traduce en su mayor impacto en términos de inserción y de mejora en el rendimiento en el puesto de trabajo.

◦  Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, como forma de ofrecer la mejor protección y vías de retorno al empleo para las personas en situación de desempleo.

◦  Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación de empleo.

Así mismo, es de especial interés también el Plan Anual de Política de Empleo para 2015 del BOE, así como la Estrategia Española de Activación para el Empleo, basada en las líneas de actuación que fueron acordadas con las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 11 de abril de 2013.

Por último en referencia a las Políticas de Empleo, es importante mencionar el Informe Nacional Habitat III en España de 2014, un informe referente a las cuestiones urbanas y de territorio como son los desahucios, pero que incluye un apartado de creación de empleo y medios de vida digna.

Por otro lado, se ha visto necesario investigar sobre las políticas de Protección a la Infancia, ya que, debido al incremento de la crisis y de forma paralela, de la pobreza, muchas familias son desahuciadas al año en España, aumentando la exclusión social y vulnerabilidad de los menores en el país. 

“Los niños no solamente tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino que también tienen derecho a la protección, a no ser objeto de violencia y explotación y a un entorno seguro y protector”,  UNICEF.

En España, los Derechos de la Infancia en materia de desahucios, es un tema a tratar por parte de las Políticas Sociales, ya que está siendo un problema increscente en nuestro país.

Por ello, se tomará como referencia sobre este tema el artículo “La infancia y sus derechos en los desahucios de Gipuzkoa y España”, de Joana Miguelena Torrado, donde expone que, debido a la crisis económica existente en nuestro país, muchos menores están siendo objeto de exclusión y vulnerabilidad.

Cerca de un 75% de las familias o personas que han sido desahuciadas en el año 2013, tenían un menor a su cargo. (Valiño, 2013).

2. Las políticas sociales básicas

En este apartado nos adentraremos en el Plan de Acción e Inclusión Social 2013-2016 para localizar las posibles estrategias y objetivos que el Estado ha elaborado para las personas sin hogar asociadas al tema de desahucios.

Objetivo operativo. 19. Facilitar el acceso a la vivienda a las personas y familias socialmente vulnerables, especialmente donde haya niños y niñas.

Actuación 144. Poner en marcha el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 en coordinación y corresponsabilidad de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales, prestando particular atención a la satisfacción de las  necesidades de vivienda de los grupos sociales más vulnerables y de sectores preferentes (familias numerosas, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, víctimas de terrorismo y personas afectadas por desahucios y sujetas a medidas de flexibilización de las ejecuciones hipotecarias).

Actuación 146. Facilitar el acceso a las ayudas de vivienda a las personas y familias más vulnerables estableciendo la posibilidad de la declaración responsable sobre sus ingresos en lugar de la genérica de la declaración de IRPF, cuando ello no sea posible.

Actuación 147. Apoyar a aquellas familias más vulnerables (pensionistas que cobran la cuantía mínima, familias numerosas u hogares con todos los miembros en desempleo) en el pago de la factura de la electricidad mediante el mantenimiento del bono social.

Actuación 149. Promover programas de mediación y acompañamiento social, información y asesoramiento para el acceso a la vivienda, así como aquellos otros que contemplen la mediación con el sector privado para el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento para personas, familias o grupos en riesgo o en situación de exclusión social, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social.

Objetivo operativo. 20. Impulsar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a las personas y familias con escasez de recursos económicos

Actuación 151. Fomentar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, la creación de un parque público de vivienda para alquiler protegido o en rotación sobre suelos o edificios de titularidad pública mediante la concesión de subvenciones a los promotores que cumplan determinados requisitos y al objeto de ser alquiladas por un precio regulado a unidades de convivencia con ingresos bajos.

Actuación 153. Facilitar el acceso a la vivienda de alquiler mediante la consolidación del complemento de la pensión de jubilación o invalidez no contributiva reconocido a aquellas personas que residen habitualmente en una vivienda alquilada, según los requisitos establecidos por la regulación aplicable.

 Objetivo operativo. 21. Proteger a los deudores hipotecarios sin recursos, especialmente a quienes tienen hijos e hijas a cargo.

Actuación 154. Continuar con el seguimiento del fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, presentan insuficiencia de ingresos y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (familias numerosas, familias con menores de tres años, familias monoparentales con al menos dos hijos a cargo, familias en las que algún miembro tenga discapacidad superior al 33%, desempleados que hayan agotado las prestaciones, víctimas de violencia de género, etc.)

Actuación 155. Apoyar a las familias que tienen dificultades en el pago de la deuda hipotecaria y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (familias numerosas, familias con menores de tres años, familias monoparentales con al menos dos hijos a cargo, familias en las que algún miembro tenga discapacidad superior al 33%, desempleados que hayan agotado las prestaciones, víctimas de violencia de género, etc.), mediante la aplicación del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, que ha dado hasta la fecha resultados muy positivos.

Objetivo operativo. 22. Mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad de las viviendas de las familias y su entorno, con acompañamiento de programas sociales.

Actuación 159. Garantizar el derecho de realojo en el mismo ámbito de la actuación o en uno próximo, a aquellas personas que hayan sido desalojadas de sus vivienda habitual, tal y como determina la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

Actuación 162. Desarrollar en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, programas integrales en zonas vulnerables, que aseguren la complementariedad de medidas que inciden en las condiciones de las viviendas, la capacitación y el acompañamiento al empleo, el refuerzo y orientación educativa y la capacitación para la participación de las personas.

1.1 Contextualización

A partir de los datos recogidos en la tabla 1, se describe la situación de las ejecuciones hipotecarias en 2015, enfatizando la situación de Andalucía.

TABLA 1. Certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en 2015.

Tomada desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) 21/05/16
En esta primera tabla se puede apreciar como la comunidad autónoma más afectada por las ejecuciones hipotecarias en el año 2015 es Andalucía 16.094 viviendas ejecutadas añadido al total de 28126 viviendas. Siguiendo a Andalucía se encuentra la Comunitat Valenciana con 10.751 viviendas desahuciadas y Cataluña con 11.165.

GRÁFICO 2. Ejecuciones hipotecarias en provincias andaluzas

Tomada desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) 21/05/16
Esta gráfica recoge las ejecuciones hipotecarias efectuadas en todas las provincias de Andalucía durante los años 2014 y 2015. Se observa que la provincia más afectada es Almería en el año 2014 sin embargo, tuvo un gran descenso de ejecuciones hipotecarias en el 2015, al contrario de provincias como Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla que en el año 2015 aumento las ejecuciones hipotecarias. La provincia más afectada en el año 2015 es Málaga seguida de Sevilla y Almería.
Como último se ha incluido una tabla sobre la evolución de los desahucios en la provincia de Cádiz comprendidos entre los años 2007 hasta el 2014.

GRÁFICO 3 Ejecuciones hipotecarias en la provincia de Cádiz

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial
Se aprecia una gran subida de ejecuciones desde el año 2007 al 2009, aunque se produce una pequeña caída hasta 2011. Desde entonces empieza de nuevo a aumentar hasta alcanzar en el año 2014 las 2324 ejecuciones hipotecarias.

Ahora bien, nos centramos Cádiz es para llevar a cabo nuestra política porque según el estudio de García Palomar (2014) sobre la intervención pública en materia de vivienda en la ciudad de Cádiz, el número de desahucios aumenta diariamente. Según Palomar, más de 4.800 gaditanos se encuentran inscritos en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas. Cada vez son más las familias que pierden sus viviendas y tienden a reagruparse con sus familias de origen como única alternativa a su problema.
Según El Diario de Cádiz, las cifras de desahucios son espeluznantes: una media de un centenar de desahucios al año, esto se traduce en un desahucio cada tres días. Estos datos han sido peores en los años más fuertes de la crisis en la ciudad. Por ejemplo, en palabras del juez decano Pablo Sánchez, los juzgados gaditanos movieron en la ciudad 279 procedimientos en el año 2012 y 282 el año 2014.

Así mismo, si hacemos una estimación de las necesidades de Vivienda, Albergue y Alojamiento en Cádiz en base a los datos obtenidos de los dos últimos Planes Generales y del censo de Vivienda del INE (2011) y de las actuaciones de los colectivos sociales, las cifras son las siguientes: hay un total de 3.984 demandantes de Vivienda; 675 infraviviendas; al menos 400 familias directamente afectadas; y 126 personas sin techo y sin hogar. Por otra parte se estiman los recursos que pueden ayudar a resolver el problema habitacional en Cádiz: 6.866 viviendas vacías; 128 fincas vacías en el Casco Histórico; 858 viviendas tanto públicas como privadas. Así, podemos observar como el parque inmobiliario de Cádiz es suficiente para alojar a todos los demandantes de vivienda y personas sin hogar desde el punto de vista cuantitativo.

Con todos estos datos y graficas que se han recogido se puede confirmar la gran necesidad que tienen los habitantes desahuciados o en proceso de desahucio que habitan en Cádiz y por ello, es el lugar elegido para poner en práctica nuestro proyecto piloto de política.